La elección entre baterías de plomo‑ácido (VRLA) y baterías de ion‑litio para respaldo en centros de datos implica evaluar más que coste por kWh: hay que considerar la densidad energética, el perfil de fallo, la instalación y la proximidad a zonas ocupadas. Dos incidentes reportados en 2026 ilustran cómo la misma función —suministro de energía de reserva— puede comportarse de forma muy distinta según la química empleada.
Qué cambia: modos de fallo y propagación de incendios
La tecnología VRLA, basada en plomo‑ácido, tiene una larga trayectoria en aplicaciones estacionarias y un comportamiento de fallo más predecible y relativamente conservador. En condiciones anómalas puede liberarse hidrógeno a través de válvulas de alivio, por lo que es necesaria ventilación adecuada para evitar acumulación de gas. Sin embargo, la química de plomo‑ácido no favorece las reacciones exotérmicas que se autoalimentan y se propagan entre celdas de la misma forma que sucede en algunas químicas de ion‑litio.
En las baterías de ion‑litio el riesgo principal es el thermal runaway (fuga térmica): una reacción autoacelerada que eleva rápidamente la temperatura y puede liberar gases inflamables y tóxicos. Esa reacción puede propagarse entre celdas y continuar incluso después de eliminar la fuente inicial de calor, aumentando la complejidad de la extinción y la posibilidad de re‑ignición.
Casos que ilustran el impacto operacional
En enero de 2026, un incendio limitado a una cadena de baterías en una sala con alrededor de 200 baterías VRLA en un centro de datos de Global Switch en Londres fue controlado en menos de dos horas; no hubo heridos ni impacto en los servicios. Reportes indican que el suceso estuvo ligado a la falla de una batería y que factores procedimentales —como la operación de interruptores durante mantenimiento— pudieron influir.
En contraste, en junio de 2026 un incendio atribuido a paquetes de baterías de ion‑litio en un centro de datos en Nueva Delhi causó daños extensos, obligó al cierre de equipos de red y provocó interrupciones que afectaron el servicio y requirieron un proceso de recuperación prolongado.
Qué deben hacer administradores y responsables de infraestructuras
- Evaluar el riesgo en función de la densidad energética requerida y la tolerancia operativa: las soluciones con mayor densidad (habitualmente litio) ocupan menos espacio pero pueden necesitar medidas de seguridad adicionales.
- Verificar el diseño del sistema: baterías litio requieren riguroso diseño del BMS (Battery Management System), control térmico y medidas para evitar propagación entre módulos; plomo‑ácido exige ventilación y gestión de gases.
- Revisar normativas y requisitos de aseguramiento: instalaciones de gran escala con ion‑litio pueden necesitar detección específica, compartimentación, refuerzos estructurales y certificaciones o pruebas (por ejemplo, ensayos de propagación térmica según normas aplicables).
- Planificar procedimientos operativos y de mantenimiento claros, así como formación del personal para minimizar errores humanos que puedan agravar un fallo.
- Considerar envolventes y materiales con clasificación retardante de llama (por ejemplo, plásticos con altas exigencias de autoextinción) cuando la instalación coloca múltiples baterías próximas entre sí.
Conclusión: no hay una opción universalmente «segura»
Ni los incidentes revisados ni la evidencia disponible implican que una tecnología sea intrínsecamente inapropiada en todos los escenarios; ambos tipos de batería pueden fallar. La diferencia práctica reside en la escala y la dificultad de contención del incidente: un fallo en una instalación VRLA tiende a permanecer contenido y ser manejable con equipos convencionales, mientras que un evento de ion‑litio, especialmente a gran escala o con químicas más reactivas, puede requerir medidas de protección, contención y recuperación más complejas.
Para administradores y propietarios de webs y centros de datos la recomendación es realizar un análisis de riesgos técnico y operativo que incluya la química de la batería, el BMS, la ventilación, la compartimentación, la normativa aplicable y los costes totales de propiedad —no solo el precio inicial— antes de decidir la tecnología a emplear.
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Fuente: DCD
